Las dimensiones de la ciudad de Madrid ya aconsejaron en el siglo XIX la creación de una administración territorial en forma de distritos. La primera se acometió en 1898, aunque fuera aprobada en 1902, con la creación de los primeros 10 distritos. El posterior crecimiento de la ciudad con la absorción de varios de los municipios de su entorno hizo que esta división territorial fuera ampliándose en 1955 (12 distritos), y en 1970 (18 distritos).

La última de las modificaciones se acometió en 1988, siendo alcalde de Madrid Juan Barranco, con la creación de los actuales 21 distritos, una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de 1985, y con el objetivo de hacer más eficiente la administración municipal. Esta modificación vino acompañada de varios decretos de desconcentración competencial en favor de las Juntas Municipales de Distrito.

En los posteriores años de gobiernos de la derecha se operó un movimiento contrario a esta desconcentración, produciéndose una corriente centralizadora de competencias administrativas en las áreas de gobierno que hizo que los distritos fueran perdiendo progresivamente capacidad ejecutiva y, con ella, la posibilidad de dar respuesta directa e inmediata a las necesidades de la ciudadanía.

Los distritos han terminado siendo, en muchos ámbitos competenciales y dada su falta de capacidad para actuar, una especie de estafetas de correo a las que las entidades ciudadanas y sus vecinos y vecinas acuden a presentar sus demandas que después se remitirán al área de gobierno correspondiente.

Las y los socialistas entendemos que una ciudad como Madrid solo puede ser gestionada eficazmente de forma descentralizada, acercando a los vecinos la gestión de aquellos asuntos que más directamente les afectan. Por ello, venimos proponiendo que al finalizar el mandato 2023-2027, las Juntas Municipales de Distrito gestionen el 25% del gasto presupuestario del Ayuntamiento

Además de ser divisiones administrativas, los distritos son el ámbito más adecuado para que se opere la participación ciudadana en el gobierno de la ciudad. Creemos que la desconcentración en la gestión y la participación ciudadana son la fórmula más eficaz para acercar la política a la ciudadanía y para generar más confianza en la acción de gobierno. La implicación de la ciudadanía es esencial para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones.

En estos últimos cuatro años de gobierno de la derecha, la participación ciudadana y sus entidades asociativas han sufrido reiterados ataques. La sustitución de los Foros Locales por los llamados Consejos de Proximidad, aun cuando los primeros necesitaban de mejoras en su funcionamiento institucional, ha sido un grave error que ha reducido esa participación vecinal a niveles que nunca se han conocido en este período democrático.

Resulta imprescindible, de entrada, devolver a las Juntas Municipales de Distrito las competencias que antaño tuvieron, para posteriormente seguir transfiriendo todas aquellas cuya prestación sea más eficiente realizarlas desde estas Juntas.

Igualmente son necesarias las modificaciones del actual Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana para volver a impulsar una verdadera participación de la ciudadanía en los asuntos municipales; así como del Reglamento Orgánico de los Distritos para para agilizar el desarrollo de los plenos de las Juntas Municipales, adecuarlos a las nuevas competencias y garantizar la participación vecinal en los mismos.

Igualmente, esta modificación permitirá crear la Junta de Gobierno del Distrito, como órgano colegiado, que estaría integrada por el Concejal Presidente, vocales vecinos (hasta un máximo de tres o cinco, pertenecientes al partido o partidos de gobierno), y el Coordinador del Distrito, como órgano de consulta, coordinación, asistencia y asesoramiento al Concejal Presidente en su gestión diaria.

Tal como señalamos en la parte general de este Programa Electoral, otro cometido que atribuiremos a las Juntas Municipales de Distrito es la organización y elaboración del proceso participativo que permita recuperar los presupuestos participativos con desagregación de propuestas por barrio, y estableciendo mecanismos que permitan la participación de toda la población superando la brecha digital.